Cumplimiento de la normativa de la Seguridad Social, gestión de la seguridad laboral y asuntos relacionados con las relaciones laborales y de empleo, son las obligaciones laborales que una empresa debe cumplir.

Ante una inspección de trabajo, cualquier infracción está sancionada. Por lo que, es conveniente tener en orden y al día todos nuestros pagos, contratos, prevención de riesgos laborales, etc.

Las multas económicas no son la única manera de sancionar. Existen otro tipo de sanciones que pueden aplicarse y que también tienen que tenerse en cuenta.


Cuantía de las sanciones

Las multas económicas se establecen dependiendo de la materia en la que se presenten infracciones.

Si las infracciones están vinculadas a las relaciones laborales y de empleo, la Seguridad Social (no estar dado de alta o no tener al día los pagos) u obstrucción en el caso de una inspección de trabajo,  podemos ser sancionados con multas que van desde 60 a 120 euros (leves) hasta 187.515 euros (graves).

No tener al día o incumplir cualquier aspecto en materia de prevención de riesgos laborales tiene como consecuencia una multa económica desde 40 euros (leves) hasta 819.780 euros (graves).

En materia de cooperativas las multas irán desde los 377 euros (leves) hasta los 37.920 euros (graves).

Y por último, aquellas infracciones relacionadas con el trabajo de extranjeros (no haber dado de alta en la seguridad social al trabajador) podrían estar penadas con multas desde 300,51 euros hasta 60.101 euros.


Otras sanciones

- Si una persona está trabajando sin estar dado de alta en la seguridad social, podrá perder el derecho a recibir este tipo de ayudas, e incluso podrían ser excluidos del derecho a percibir cualquier prestación económica durante un año.

- Si hemos recibido alguna cantidad en forma de subvención o ayuda de forma indebida o si no se ha aplicado esta cantidad correctamente, podremos vernos obligados a devolverla e incluso ser penalizados con la exclusión del acceso a los beneficios de los programas de empleo por un periodo de hasta un año.

- Pérdida de las ayudas para fomento de empleo y los derechos como demandantes de empleo que tuvieran reconocidos.

- Cuando el infractor sea extranjero, puede enfrentarse a la expulsión del territorio español.

- Cierre de la empresa por incumplimiento grave.